La Unión General de Trabajadores (UGT) ha alzado la voz contra la reciente directriz del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que impone el formato exclusivamente telemático para las comunicaciones sobre incapacidad temporal y permanente. Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, ha calificado la medida de “inaceptable” y ha confirmado que la organización procederá a impugnar la orden ministerial vigente desde el inicio de septiembre.
Una brecha digital denunciada
Para la cúpula sindical, obligar a los ciudadanos a recibir avisos mediante SMS o correos electrónicos para acceder a la Sede Electrónica supone una vulneración de los derechos de los trabajadores. Álvarez ha señalado que esta imposición ignora la realidad de una parte de la población que no posee los medios técnicos necesarios o la formación digital adecuada, exponiéndoles además a posibles intentos de fraude por suplantación de identidad o phishing.
El líder sindical ha sentenciado: “No todo el mundo tiene por qué tener teléfono móvil ni correo electrónico; la administración no puede presumir de una conectividad universal que no es real y menos en temas tan sensibles”.
El sindicato UGT prepara una ofensiva legal contra el Ministerio para paralizar el nuevo sistema de notificaciones electrónicas, argumentando que el mecanismo facilita las estafas informáticas y crea indefensión jurídica en los procesos de bajas médicas.
La postura del Ministerio y los riesgos asistenciales
Por su parte, el departamento liderado por Elma Saiz defiende que la transición al modelo digital busca una gestión más eficiente, segura y garante de la confidencialidad de los datos médicos. La administración subraya que existen mecanismos de apoyo, como la asistencia presencial en los Centros de Atención de la Seguridad Social (CAISS) y facilidades para la obtención de certificados digitales, incluso sin cita previa.
Paralelamente, el conflicto sindical también se ha trasladado al ámbito de las inspecciones médicas. Álvarez ha denunciado un “colapso” en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde, según el secretario general, se estarían produciendo “altas médicas exprés” debido a la carga de trabajo insostenible que recae sobre el personal facultativo del organismo.
Garantías frente al cambio
Pese a la oposición sindical, la normativa actual establece que los avisos por SMS o correo electrónico son herramientas de cortesía y complemento, y que la Seguridad Social mantendrá protocolos de asistencia para aquellos ciudadanos con dificultades de acceso. No obstante, la controversia sobre la seguridad de los enlaces enviados a los usuarios sigue siendo el principal punto de fricción en una administración que busca modernizarse a marchas forzadas frente a la resistencia de los agentes sociales.