La profunda crisis social, económica y política desencadenada por la entrada masiva en Ceuta de entre 70.000 y 80.000 personas irregulares hace aproximadamente un mes, continúa siendo un desafío central para el Gobierno. En las recientes semanas, el Ejecutivo ha incrementado sus explicaciones públicas y ha comenzado a implementar ayudas económicas para mitigar la crisis humanitaria que afecta a miles de inmigrantes que permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma. Según el Gobierno, son 5.000 personas, incluyendo 1.200 menores, mientras que las autoridades ceutíes elevan la cifra a más de 10.000. Ayer, un mes después del incidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó públicamente la situación, reiterando el compromiso de utilizar «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad territorial.
Postura del Gobierno sobre la Responsabilidad y el CNI
Desde aquellos eventos, la situación en Ceuta no solo no ha recuperado la normalidad, sino que la crisis se agrava, amenazando con un estallido social. En una entrevista, el presidente Sánchez volvió a insistir ayer en que «no hay información» que vincule a Marruecos con la entrada masiva de irregulares. Afirmó que «no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia», ni de centros de inteligencia de países colaboradores, que sugiera «alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes». Esta declaración se alinea con la visión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero difiere de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien sostiene que el CNI había alertado sobre esta información en reuniones previas.
«No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que plantee alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.» – Pedro Sánchez
El Gobierno mantiene, por lo tanto, la línea argumental de que la crisis fue instigada por un «efecto llamada» propagado en redes sociales. Atribuye este fenómeno a una interpretación distorsionada de una sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones sumarias de personas que ingresan a nado. Sánchez señaló que esta información «fue expandida por las redes sociales a través de bulos, de desinformación, también de organizaciones criminales que tratan con seres humanos».
El presidente Sánchez subrayó que la resolución de esta crisis requiere «cooperación y no falta de confianza en Marruecos», al tiempo que apuntó a Israel, Rusia y una «internacional ultraderechista» como propagadores de desinformación. Esta afirmación se basa en un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior que identificó redes rusas e israelíes difundiendo bulos y atacando a gobiernos europeos en relación con la migración irregular.
Medidas de Gestión y Retorno
A pesar de la escalada de la crisis, el Ejecutivo asegura que trabaja activamente para la devolución de las personas en un «plazo razonable», contando con la colaboración de las autoridades marroquíes para facilitar el reagrupamiento familiar. Mientras tanto, la Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales a migrantes en Ceuta desde los recientes acontecimientos, con ocho hombres bajo investigación, de los cuales cuatro son migrantes y otros cuatro de nacionalidad europea. Por otro lado, el traslado de 500 niñas a la Península está a la espera del visto bueno de las autoridades ceutíes, responsables de las competencias de acogida.
Dimensiones Institucionales e Internacionales
La crisis institucional también se extiende a nivel nacional e internacional. Sánchez se refirió a la Corona, afirmando que existen «argumentos y razones suficientes» para que el Rey Felipe VI visite Ceuta y Melilla, algo que no ha ocurrido desde el inicio de su reinado. El presidente indicó que «esa visita se hará» cuando las condiciones sean propicias, recordando que la jefatura del Estado lleva sin visitar la ciudad autónoma dos décadas.
En el ámbito internacional, el gobierno de Italia prorrogó ayer por 15 días más la suspensión del acuerdo de Schengen, manteniendo así los controles fronterizos para viajeros procedentes de España. En respuesta, el Gobierno español actuó de forma recíproca, extendiendo igualmente los controles a los pasajeros que lleguen por mar o aire desde el país transalpino. Estas declaraciones se producen en vísperas de la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso hoy para ofrecer explicaciones, y antes de la celebración de numerosas protestas convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en ayuntamientos de toda España contra la gestión de la crisis en Ceuta.