La trama de Plus Ultra bajo el escrutinio de la Audiencia Nacional
La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro definitivo tras la ratificación formal ante el magistrado José Luis Calama. Julio Martínez Sola, expresidente de la compañía, ha confirmado la existencia de una comisión del 1% destinada al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según el testimonio, la cifra de 530.000 euros habría sido abonada bajo un esquema de contratos ficticios vinculados a firmas como Análisis Relevante, Voli Analítica y IOT Domotic Europe SL.
El magistrado Calama ha rechazado de plano los intentos de la defensa por anular la instrucción, manteniendo vigente el bloqueo de activos y el avance de las diligencias sobre los fondos hallados en el despacho oficial del expresidente.
Presión judicial sobre el Ejecutivo
La Audiencia Nacional ha desestimado las peticiones de nulidad presentadas por la defensa, lo que permite continuar la investigación sobre la procedencia de activos, incluyendo joyas valoradas en 1,3 millones de euros cuyo origen sigue sin ser acreditado por el implicado.
La agenda judicial impacta de lleno en la estabilidad del PSOE. Mientras Begoña Gómez comparece ante el juez Peinado por el inicio del juicio oral, la Audiencia Nacional profundiza en la presunta financiación irregular del partido. Las sospechas se centran en un contrato de 15 millones de euros facilitado por el comisionista Víctor de Aldama, un escenario que ha forzado al presidente Pedro Sánchez a modular su discurso sobre las consecuencias de una posible imputación formal de la formación.
Frente abierto en la gestión fronteriza
Simultáneamente, el Gobierno enfrenta otro desafío legal de gran calado. La magistrada María Tardón ha iniciado una investigación penal tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, señalando posibles conductas delictivas contra la integridad territorial. Los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contradicen las versiones oficiales del Ejecutivo, que había negado tener conocimiento previo de estos eventos, lo que sitúa al Consejo de Ministros bajo un intenso escrutinio judicial y político.