Un mercado bajo presión
El mercado inmobiliario atraviesa una fase de tensión extrema. Pese a que el volumen de transacciones acumula nueve meses de caídas, los precios de los inmuebles experimentaron un repunte interanual del 15,6% el pasado mes. Esta divergencia entre una demanda que se enfría y unos precios que escalan confirma que la expectativa de un alivio inmediato en el acceso a la vivienda es, hoy por hoy, inexistente.
La escasez estructural de oferta actúa como un suelo infranqueable para los precios, impidiendo que el descenso en el número de operaciones repercuta en una mayor asequibilidad para las familias.
El desequilibrio entre oferta y formación de hogares
La raíz del conflicto reside en una brecha insostenible. Mientras que la creación de nuevos hogares supera con creces el ritmo de edificación, el Banco de España estima un déficit de 750.000 unidades habitacionales. Frente a esta demanda latente, la capacidad constructiva nacional apenas alcanza las 100.000 viviendas anuales, lastrada por unos costes de edificación elevados y una drástica limitación de suelo urbanizable en los nodos de mayor interés.
La disparidad entre la edificación anual de 100.000 unidades y un déficit acumulado de 750.000 viviendas evidencia una parálisis estructural que solo un aumento significativo de la oferta, garantizado por seguridad jurídica, podrá corregir.
La factura del intervencionismo
La estrategia regulatoria del actual Gobierno ha jugado un papel contraproducente. La implementación de políticas dirigistas ha provocado que gran parte de la oferta se retire del mercado de alquiler tradicional, desplazando a quienes no pueden acceder a la propiedad hacia una situación de vulnerabilidad extrema. La persistente incertidumbre sobre la prórroga de los contratos de arrendamiento y la falta de garantías legales para los arrendadores consolidan un clima de desconfianza que desincentiva la inversión privada y cronifica la crisis de precios.