La apertura del Año Judicial ha estado marcada por un mensaje de firmeza institucional. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha arremetido contra las voces que cuestionan la labor de los magistrados, alertando de que calificar las decisiones judiciales como actos de lawfare podría constituir, en sí misma, una conducta delictiva. Perelló ha subrayado que la deslegitimación pública de los jueces, especialmente cuando emana de otros estamentos del Estado, erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático.
La defensa de la imparcialidad ante presiones externas
La descalificación pública no puede convertirse en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción, menos aún cuando procede de quienes ostentan responsabilidades institucionales.
En el acto, presidido por el Rey Felipe VI, la presidenta del Supremo ha hecho eco de las recomendaciones europeas, que exigen a los poderes ejecutivo y legislativo abstenerse de acciones que debiliten la independencia de los tribunales. Esta postura ha sido compartida por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien ha denunciado una dinámica de desprestigio sistemático contra el Ministerio Fiscal, señalando que la imparcialidad de los fiscales está siendo puesta en duda de manera interesada según la conveniencia de cada parte procesal.
La cúpula judicial ha puesto en relieve la crisis migratoria en Ceuta, exigiendo una solución que armonice la integridad de las fronteras con la protección de las garantías fundamentales, mientras se busca descongestionar la Sala Primera del Supremo, saturada por un volumen masivo de litigios bancarios y de contratación.
Desafíos operativos y reformas pendientes
Más allá de la retórica política, el nuevo curso se enfrenta a cuellos de botella estructurales. Isabel Perelló ha señalado las dificultades técnicas en el despliegue de los nuevos Tribunales de Instancia, citando deficiencias en sistemas informáticos y adecuación de instalaciones. Por su parte, la fiscal general ha reiterado su apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, abogando por un modelo donde el Ministerio Público asuma la dirección de la investigación penal bajo condiciones de mayor autonomía organizativa y presupuestaria.
En su primera Memoria anual, la fiscal general ha expuesto un incremento constante en el volumen de trabajo de la institución, con una actividad que supera los 1,77 millones de diligencias previas incoadas, reflejando una carga procesal creciente que demanda tanto modernización tecnológica como un respaldo institucional robusto.