Radiografía del desequilibrio presupuestario
La ejecución presupuestaria al cierre del primer semestre arroja una cifra de déficit para el conjunto de las administraciones públicas —excluyendo el ámbito local— de 33.668 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 6,4% en comparación con el ejercicio anterior, situando la ratio sobre el PIB en el 1,89%, lo que refleja un ligero deslizamiento de 0,01 puntos porcentuales respecto a los niveles de referencia previos.
La gestión de los recursos públicos muestra una dualidad: mientras el déficit primario se contrae un 2%, el peso de los intereses y los gastos operativos eleva el desequilibrio financiero total del Estado.
Desglose por administraciones y el efecto de las contingencias
La Administración Central ha soportado la mayor parte de la carga, acumulando un déficit de 22.531 millones, un 14,1% superior a lo observado anteriormente. En paralelo, las comunidades autónomas han reportado un saldo negativo de 17.287 millones, un 10,9% más elevado, una vez ajustados los anticipos a cuenta del sistema de financiación.
A pesar de la tendencia generalizada al alza del déficit, los fondos de la Seguridad Social presentan una notable resiliencia, consolidando un superávit de 6.150 millones, lo que representa un avance del 66,5% frente a las métricas del periodo homólogo anterior, situándose en el 0,35% del PIB.
La recaudación fiscal: el motor del IRPF
El Estado ha logrado una recaudación robusta de 187.959 millones hasta julio, impulsada especialmente por el IRPF, que ha crecido un 20,4% hasta los 46.652 millones, y el Impuesto sobre Sociedades, que avanza un 13,8%. Por su parte, el IVA ha mostrado una senda positiva del 5,9%, alcanzando los 64.918 millones a pesar de la vigencia de medidas de contención de precios energéticos.
Impacto de la política energética
El balance fiscal se ha visto condicionado por la reversión gradual de los beneficios fiscales en hidrocarburos y electricidad. Tras el cese de las rebajas máximas en junio, se ha implementado un esquema de retirada progresiva de subsidios al combustible para normalizar la recaudación en los próximos meses, mientras el gasto en transferencias entre administraciones públicas continúa siendo la partida de mayor peso, representando el 62,3% del desembolso total del Estado.